LA POLÍTICA EDITORIAL EN MÉXICO

Por Guillermo H. Zúñiga Martínez

Decía Miguel de Montaigne (1533-1592): “En los libros sólo busco un entretenimiento agradable, y si alguna vez estudio, me aplico a la ciencia que trata del conocimiento de mí mismo, la cual me enseña el bien vivir y el bien morir”.

Traigo a colación lo anterior, porque estoy seguro que la labor de difusión cultural que más se recuerda en los vaivenes de los gobiernos revolucionarios, es la que concretó José Vasconcelos, siendo Ministro de Educación Pública. Aquel intelectual y prosista divulgó y popularizó lecturas clásicas de la literatura universal, con el propósito de hacerlas circular entre las masas. Hasta hace poco, todavía transitaban algunos libros inmortales que se iban pasando cuidadosamente de mano en mano, sin gastarse, formando parte del más sensible acervo del pueblo mexicano.

Intentos como aquel, florecieron con nuevas dimensiones en épocas anteriores al año dos mil. Por ejemplo, el trabajo del doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, a través de la serie SEPSETENTAS, destacó diáfanamente para el bien de la República. Esa tarea, oportuna y plausible, buscó ganar lectores por medio de la distribución directa e indirecta, prevaleciendo esta última.

Lo importante de toda difusión cultural es que se encamine, se perfile hacia la búsqueda de la superación individual, con base en la lectura diaria. Y es que ésta es un archivo de información y un elemento indispensable para comprender el mundo. El libro, durante siglos, ha tenido la virtud de ser fuerza motora de actitudes y transformaciones positivas; infunde inquietudes, despierta reflexiones, y hace reaccionar y responder a cada excitación. Por eso es el vehículo más eficaz y enérgico de transición individual y colectiva.

Al acentuar la importancia de la lectura y el libro, y el diverso papel que desempeñan en la vida democrática de nuestro país, manifiesto mi desacuerdo con quienes pretenden dirigir las ediciones hacia los grupos cerrados de intelectuales, artistas y técnicos, hasta impedir que tengan acceso a ellas las clases signadas por sus escasos recursos económicos.

Es cierto que desde siempre, la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal ha realizado esfuerzos por editar y difundir, pero eso no basta, puesto que en la actualidad las tareas de esta índole no han sido planificadas de tal forma que respondan verdaderamente y con equilibrio a las necesidades que el país reclama. Es que tradicionalmente, ha sido ella la que más empeño –por la naturaleza de sus funciones- ha puesto en esta labor, cumpliéndola parcialmente, puesto que de acuerdo con su estructura, tiene en su haber otros problemas e intereses formal y materialmente hablando.

Aparte de esa dependencia gubernamental, otras secretarías de Estado, organismos públicos descentralizados, empresas estatales, paraestatales y de participación estatal, editan libros, revistas, folletos, periódicos y otras formas impresas con fines informativos, culturales, técnicos y políticos, la mayoría de ellos sin rumbo, sin programa y sin ninguna intención social, puesto que anteponen intereses personales y de grupo a los de las grandes mayorías. No aventuro al afirmar que estas publicaciones, surgidas generalmente como un quehacer político, carecen de interés y en puridad son postergadas por sus destinatarios dado que no las necesitan, debido a los reducidos tópicos que abordan y que se dirigen comúnmente a exaltar los aspectos fundamentales de donde provienen, en cuanto a las directrices políticas o técnicas que los distintos funcionarios imprimen a sus lucubraciones diarias.

Es perfectamente conocido que el Gobierno Federal carece de una planificación editorial, aunque también lo es que destina erogaciones enormes para fines publicitarios, sin precisar la importancia y la teleología de las publicaciones; asimismo, muchas de sus ediciones son innecesarias, pues el interés que logran despertar es demasiado estrecho; en fin, cantidades excesivas se descuidan por este concepto, sin obtener en serio resultados halagadores. Esto obliga, pero de manera urgente, a revisar y vigilar las actividades editoriales de las diferentes dependencias, en cuanto que gran porcentaje de ellas no tienen razón de ser, constituyendo sólo un pretexto ocupacional que incide de manera tajante en detrimento del país.

Por otra parte, se están quedando atrás, rezagados, porque el libro ha evolucionado de manera sorprendente con base en los medios cibernéticos, por lo que debería establecerse una política bien dirigida para utilizar los elementos modernos para el fomento de la lecto-escritura.

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