LA EDUCACIÓN, BIEN PÚBLICO

Por Guillermo H. Zúñiga Martínez

Existen conceptos, definiciones y, en consecuencia, actos que deben ser renovados, actualizados, porque abundan funcionarios federales que están viviendo en el pasado y no comprenden ni entienden las nuevas tendencias de la educación.

La afirmación anterior me nace hacerla, porque representantes de la Secretaria de Educación Pública están interviniendo en asuntos estatales –como el caso de Oaxaca- pretextando que ellos tienen la exclusividad jurídica para el reconocimiento y validez de estudios y su acreditación, lo que suena a un monopolio que es contrario al espíritu del artículo 3º., que señala que todo individuo tiene derecho a la educación y que, para impartirla, lo pueden hacer la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios.

Creo que la educación debe considerarse como un bien público, una tarea que pertenece a todos, y equipararse a la libertad de los individuos para respirar, tomar el sol, a fin de esparcirla de tal manera que pueda incidir y penetrar en la voluntad de los educandos para que decidan transformarse y caminar por los senderos del conocimiento.

Es risible que la SEP esté apremiando a ciudadanos preocupados por organizar grupos y encaminarlos hacia el estudio para que logren acreditar su bachillerato, porque, lamentablemente, sin un certificado de preparatoria no se puede continuar escalando niveles educativos, tal es el caso de alcanzar una licenciatura.

Lo que se debe pensar es en lo que está sucediendo en el mundo que vivimos en estos días, por lo cual habría que preguntarle a la Secretaría del ramo cuáles son los centros de trabajo y cómo se catalogan cuando un ciudadano escoge cursar un grado educativo superior en línea; cuál es la responsabilidad de un país como España, por ejemplo, que acredita estudios, desde el continente europeo, a mexicanos que se inscriben en la Universidad José Ortega y Gasset, o en la Complutense de Madrid. En estos casos, ¿cómo se viola la soberanía? ¿dónde se violentan las facultades intrínsecas de un gobierno?

Estimo que lo más importante es la asimilación de los aspectos culturales, la preparación, el estudio y el deseo de superarse en forma sobresaliente.

Lo anterior es, creo, muy claro, porque dónde está el reconocimiento de validez oficial para un hogar donde existe una computadora conectada a internet, donde uno, dos ciudadanos o tres, estudian una carrera impartida por el Tecnológico de Monterrey, o la misma UNAM o el IPN, situaciones que se dan cotidianamente y no hay un solo reclamo de nadie, sino que al contrario se pondera y magnifica este tipo de servicio.

Lo que debemos hacer es desaparecer las mojoneras que tratan de atajar la ilustración de los mexicanos con burocratismos trasnochados que solamente estorban, porque no dejan caminar a la velocidad que el saber exige y la cultura reclama.

Por otra parte, debe insistirse -una y otra vez- para expresar que los diputados que redactaron el artículo 3º. Constitucional en el Constituyente de 1916-1917, manifestaron su aspiración facultando a los distintos ámbitos de autoridad para impartir educación en todos sus grados y niveles. Por estas disposiciones, en los días que corren, es interesante asomarse al Estado de Coahuila, donde los ayuntamientos han creado y fortalecido sistemas educativos que les permiten atender a la población que gobiernan, con todo el reconocimiento jurídico formal tanto del Gobierno del Estado como del Gobierno Federal, por lo cual es importante profundizar en el estudio de las facultades concurrentes, dado que de acuerdo con el artículo 124 “Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados”.

La formación cultural es un fenómeno tan fino y a la vez tan complejo, que obliga a reconocer su trascendencia y a considerarla como un bien que pertenece a todos, por lo que nadie tiene derecho a impedir que los hombres y mujeres estudien y se preparen por sí mismos o avalados en una institución educativa. La educación en México, desde 1917, es propiedad popular.

Los funcionarios federales a veces creen que tienen la razón y que están en lo cierto en sus decisiones. Ignoran que las entidades forman parte del pacto federal y que merecen respeto porque en materia educativa nadie tiene el derecho para determinar qué es lo que se debe saber o qué es lo que se debe enseñar o cómo aprender, sino que en esta materia, adentrándonos ya a la ciencia de la pedagogía, es un renglón o un rubro en el cual siempre ha brillado y destacado el talento de los maestros estatales, por lo que debemos concluir que la educación es un patrimonio que pertenece no tan sólo a los mexicanos, sino a la humanidad entera.



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